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España está a punto de dar un paso fundamental en el camino hacia una Administración Pública completamente electrónica, gracias a la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, actualmente en trámite parlamentario. Dicha ley contempla, entre varias medidas, la creación de un Registro Electrónico General o la obligatoriedad de tramitar electrónicamente cualquier procedimiento.

Los números hablan por si solos

La implantación de todas las medidas recogidas en la Ley supondrá un desembolso para las arcas del Estado de poco más de 13 millones de euros durante el primer año; mientras que en años posteriores la cantidad descendería hasta los 4 millones y medio. Cifras que parecen ridículas frente al ahorro neto anual que permitirá la ejecución de estas medidas, cuantificado en la memoria económica del citado proyecto de ley en nada menos que 172 millones de euros.

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Estos números se traducen en que todos los españoles nos ahorraremos más de 13 euros por cada euro invertido en Administración Electrónica, un ahorro que se refleja en la mayor eficiencia del trabajo de hpw los empleados públicos, la eliminación de desplazamientos innecesarios, la reducción de los tiempos de tramitación, el menor uso de papel, etc.

Más cerca de los ciudadanos y las empresas

El Gobierno ha destacado la importancia de esta ley, fundamental a la hora de dar un mejor uso a los recursos públicos del país, así como aumentar la transparencia, la eficacia y la interacción entre los ciudadanos y las instituciones. Todo estos es posible gracias a innovadoras tecnologías y soluciones como cividas, que están cambiando la forma de entender la Administración, cada vez más útil, más interconectada, más cercana al ciudadano y menos costosa.

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A la Ley del Procedimiento Administrativo Común se une el anteproyecto de Régimen Jurídico del Sector Público, dos normas que además pretenden implantar una relación exclusivamente electrónica entre empresas y administraciones. Para ello, se quieren tomar medidas como simplificar los medios de identificación y firma electrónica, extender el uso de las notificaciones electrónicas, o la implantación de un Archivo electrónico único.

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